Las Instituciones Europeas, para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid-19, han puesto en marcha un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation UE (NGUE).
¿De dónde vienen los planes antifraude?
Los fondos NGUE se articulan a través de diversos programas, entre los cuales destaca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, y que se vertebra a partir del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el cual se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
A nivel estatal, los fondos MRR se han vehiculado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que fija un conjunto de hitos y objetivos de estricto cumplimiento.
Con la finalidad de configurar y desarrollar un sistema de gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos previstos en el PRTR, fue aprobada la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Orden recoge una serie de principios, entre los cuales destaca el refuerzo de los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés en la gestión y ejecución de los fondos vinculados al PRTR. En concreto, la Orden establece la obligación que toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude.
¿Por qué implementar un Plan antifraude?
Porque supone dotar a la entidad de mecanismos eficaces de lucha contra el fraude y la corrupción.
Porque permitirá a la entidad optar a ser gestora o ejecutora de fondos europeos Next Generation.
Porque posibilitará a la entidad garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con la normativa aplicable.
Porque propiciará un impulso al desarrollo y gestión de la integridad pública a la entidad, reforzando la confianza de la ciudadanía en relación con la gestión de fondos públicos.
¿Qué beneficios aporta?
La implementación de un Plan de medidas Antifraude aporta beneficios desde una doble perspectiva. Por un lado, permite a la entidad o administración establecer instrumentos eficaces de lucha contra el fraude, promoviendo una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. Por otro lado, posibilita que la entidad sea beneficiaria de fondos Next Generation, garantizando y declarando que, en su ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con la normativa aplicable.