Las Instituciones Europeas, para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid-19, han puesto en marcha un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation UE (NGUE).
¿De dónde vienen los planes antifraude?
Los fondos NGUE se articulan a través de diversos programas, entre los cuales destaca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, y que se vertebra a partir del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el cual se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
A nivel estatal, los fondos MRR se han vehiculado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que fija un conjunto de hitos y objetivos de estricto cumplimiento.
![plan-antifraude](https://www.planantifraude.com.es/wp-content/uploads/2022/02/plan-antifraude-03.jpg)
Con la finalidad de configurar y desarrollar un sistema de gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos previstos en el PRTR, fue aprobada la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Orden recoge una serie de principios, entre los cuales destaca el refuerzo de los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés en la gestión y ejecución de los fondos vinculados al PRTR. En concreto, la Orden establece la obligación que toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude.
¿Por qué implementar un Plan antifraude?
![plan de recuperación transformación y resiliencia](https://www.planantifraude.com.es/wp-content/uploads/2022/03/plan-recuperacion.png)
¿Qué beneficios aporta?
La implementación de un Plan de medidas Antifraude aporta beneficios desde una doble perspectiva. Por un lado, permite a la entidad o administración establecer instrumentos eficaces de lucha contra el fraude, promoviendo una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. Por otro lado, posibilita que la entidad sea beneficiaria de fondos Next Generation, garantizando y declarando que, en su ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con la normativa aplicable.